Uno de los pilares del Estado del Bienestar es la educación y la enseñanza. Ella, en todos sus grados, es un arma decisiva que debería promover la igualdad de oportunidades, en una sociedad cada vez más justa y coherente.
El Estado español, con la instauración del Estado de las autonomías ha cedido no sólo la gestión, sino que incluso las ha investido de competencias plenas y exclusivas: todo un disparate.
De tal manera se ha ido degradando el nivel educativo que se ha llegado a un punto de “no retorno” si, como mínimo, el Gobierno central no se impone en las escasas atribuciones que le quedan: la Alta Inspección del Estado, la programación general de la enseñanza y las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos oficiales.
Como lo anterior está lejos de suceder, se vislumbra a medio plazo la existencia de varios modelos educativos en España, mediante la técnica de no fijar ni tan siquiera unos mínimos y ello a traves de Órdenes, Circulares o Resoluciones administrativas, que nada solucionan.
La introducción anterior sirva para dar un ejemplo claro y palmario sobre lo que puede provocar la “dejadez de funciones por parte del Estado”.
La situación de la enseñanza de idiomas en los distintos ámbitos territoriales del Estado es insostenible. El R.D. 1629/2006 ya abría todas las posibilidades para acabar afectando seria y negativamente a las Escuelas Oficiales de Idiomas. Y lo que era previsible, se cumplió: el Nivel Avanzado o último de las E.O. I.s no es homologable con el Nivel C de lo que se contempla en el Marco Común Europeo para las Lenguas (MCER), así como tampoco lo que era el antiguo Certificado de Aptitud. Todo un logro de ineficacia e incompetencia por parte del actual Ministerio.
Por otra parte, ya en los mismos Niveles o Grados de Enseñanza, se abandona a las Autonomías la confección de las enseñanzas mínimas, de modo que el Nivel Intermedio podrá durar uno o dos Cursos. Toda una genialidad y un gran éxito de los nacionalismos periféricos.
Aún se va más allá al ceder a las Autonomías “con idioma propio” una capacidad para concretar su sistema educativo, que va en detrimento de la unidad e igualdad de condiciones con una discriminación larvada en consideración a la diferencia de lengua.
Y, desde luego, sería más prolijo y extenso un examen sobre las diferencias en lo que se refiere a inversiones por alumno, nuevas tecnologías, retribuciones salariales de los docentes, sistema universitario,…que atenta, a mi entender, contra la libre circulación de personas en la Unión Europea.
En definitiva, y volviendo al tema de la enseñanza de lenguas extranjeras, ya únicamente queda la alternativa de acudir a las Instituciones privadas autorizadas si se desea acceder y superar el Nivel C o superior.
Por descontado que todo lo expuesto configura a España como “rara avis” en el Concierto europeo, puesto que por un apoyo político de ciertas formaciones u organizaciones que propugnan una España “asimétrica” se conculcan todos los principios básicos razonables, hasta el sentido común y la justicia redistributiva interterritorial y, es más, la filosofía y apartados determinados de la misma Constitución.
Y esto acontece cuando España acumula un gran desfase y unas carencias de las mayores en cualquier país de Europa en el aprendizaje de una segunda y tercera lenguas.
MARCELINO B. TABOADA
El Estado español, con la instauración del Estado de las autonomías ha cedido no sólo la gestión, sino que incluso las ha investido de competencias plenas y exclusivas: todo un disparate.
De tal manera se ha ido degradando el nivel educativo que se ha llegado a un punto de “no retorno” si, como mínimo, el Gobierno central no se impone en las escasas atribuciones que le quedan: la Alta Inspección del Estado, la programación general de la enseñanza y las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos oficiales.
Como lo anterior está lejos de suceder, se vislumbra a medio plazo la existencia de varios modelos educativos en España, mediante la técnica de no fijar ni tan siquiera unos mínimos y ello a traves de Órdenes, Circulares o Resoluciones administrativas, que nada solucionan.
La introducción anterior sirva para dar un ejemplo claro y palmario sobre lo que puede provocar la “dejadez de funciones por parte del Estado”.
La situación de la enseñanza de idiomas en los distintos ámbitos territoriales del Estado es insostenible. El R.D. 1629/2006 ya abría todas las posibilidades para acabar afectando seria y negativamente a las Escuelas Oficiales de Idiomas. Y lo que era previsible, se cumplió: el Nivel Avanzado o último de las E.O. I.s no es homologable con el Nivel C de lo que se contempla en el Marco Común Europeo para las Lenguas (MCER), así como tampoco lo que era el antiguo Certificado de Aptitud. Todo un logro de ineficacia e incompetencia por parte del actual Ministerio.
Por otra parte, ya en los mismos Niveles o Grados de Enseñanza, se abandona a las Autonomías la confección de las enseñanzas mínimas, de modo que el Nivel Intermedio podrá durar uno o dos Cursos. Toda una genialidad y un gran éxito de los nacionalismos periféricos.
Aún se va más allá al ceder a las Autonomías “con idioma propio” una capacidad para concretar su sistema educativo, que va en detrimento de la unidad e igualdad de condiciones con una discriminación larvada en consideración a la diferencia de lengua.
Y, desde luego, sería más prolijo y extenso un examen sobre las diferencias en lo que se refiere a inversiones por alumno, nuevas tecnologías, retribuciones salariales de los docentes, sistema universitario,…que atenta, a mi entender, contra la libre circulación de personas en la Unión Europea.
En definitiva, y volviendo al tema de la enseñanza de lenguas extranjeras, ya únicamente queda la alternativa de acudir a las Instituciones privadas autorizadas si se desea acceder y superar el Nivel C o superior.
Por descontado que todo lo expuesto configura a España como “rara avis” en el Concierto europeo, puesto que por un apoyo político de ciertas formaciones u organizaciones que propugnan una España “asimétrica” se conculcan todos los principios básicos razonables, hasta el sentido común y la justicia redistributiva interterritorial y, es más, la filosofía y apartados determinados de la misma Constitución.
Y esto acontece cuando España acumula un gran desfase y unas carencias de las mayores en cualquier país de Europa en el aprendizaje de una segunda y tercera lenguas.
MARCELINO B. TABOADA